Al sentirnos invisibilizadas y perseguidas buscamos una herramienta para defendernos y nos unimos a la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina AMMAR, la organización que desde hace más de 20 años reúne a las Trabajadoras Sexuales del país y defiende sus derechos. Claramente sentíamos la necesidad de organizarnos y sindicalizarnos para denunciar la vulneración de derechos que estábamos sufriendo.
Durante 2014, en alianza con otros colectivos sociales y con el apoyo de Rodolfo Canini, legislador provincial (MC), decidimos presentar un proyecto de ley para regular el Trabajo Sexual Autónomo. Ammar ya lo había hecho a nivel nacional y en otras provincias. El propósito de esta iniciativa era lograr el reconocimiento legal como trabajadoras y de esta forma acceder a derechos en un marco de amparo y protección estatal como cualquier trabajador/a registrado/a en el país, para así contribuir a que cese la vulneración de derechos a la que estamos sujetas sistemáticamente.
El proyecto propone darle un marco normativo al ejercicio independiente y cooperativizado del Trabajo Sexual. Para ello contempla la creación de un registro único de Trabajadoras Sexuales en la Secretaría de Trabajo, el cual permitiría controlar el ejercicio de la actividad de forma voluntaria. También, la apertura de una oficina que se encargue de velar por nuestro acceso a una obra social, a una jubilación y a planes y programas sociales.
De ninguna manera el proyecto apoyaría y/o favorecería el proxenetismo, es decir la explotación del Trabajo Sexual por terceras partes, que está contemplada como delito en Argentina. En nuestra propuesta legislativa, la figura del empresario no existe. Defendemos el Trabajo Sexual Autónomo y la autonomía de decisión sobre nuestros cuerpos, razón por la cual estamos en contra del proxenetismo. De todas maneras, consideramos que cuando el Estado regula la mayoría de trabajos, no por eso se lo acusa de proxeneta. La regulación es el mecanismo que le permite crear un marco de amparo y protección para la clase trabajadora.
Desde Ammar, creemos que la criminalización de nuestras fuentes de trabajo por el despliegue de políticas anti-trata nos empujó a mayor clandestinidad y al no diferenciar entre trata y Trabajo Sexual nos restó amparo estatal, aumentó la violencia institucional hacia nosotras y favoreció a los proxenetas. Muchas compañeras que trabajaban de manera independiente empezaron a hacerlo en relación de dependencia, pues en estos lugares no sufrían allanamientos compulsivos. Hoy, son las terceras partes quienes gozan de una protección del poder político/judicial y policial, tienen el negocio más rentable y se benefician de la precarización de nuestro trabajo.
En Argentina el Trabajo Sexual no es un delito pero no cuenta con un marco legal que garantice derechos y protección a las personas que lo ejercemos. Por ello invitamos a los actores estatales y gubernamentales a reflexionar sobre el asunto. Confundir Trabajo Sexual y trata de personas con fines de explotación sexual vulnera nuestros derechos humanos, civiles y ciudadanos y no favorece la lucha contra la trata de personas, sino al contrario. Nosotras no somos víctimas, somos trabajadoras precarizadas que luchamos por mejores condiciones, por ser reconocidas legalmente y por acabar con el estigma y la discriminación hacia nuestro sector.
Además, la trata de personas existe en otros mercados laborales, ejemplo de ello son el textil y el rural. Sin embargo, el único trabajo que se busca abolir bajo el argumento de luchar contra este delito es el nuestro. Tanto en el mercado textil como en el rural el Estado tiene mayor presencia a través de derechos y garantías. Su rol ahí no es aumentar la precarización y las condiciones de vulnerabilidad como ha sucedido con el Trabajo Sexual, su rol tampoco es cuestionar las decisiones de esos trabajadores sino acompañar sus luchas y respetar sus demandas.
No obstante, siempre que existe la posibilidad de que nuestras voces sean escuchadas se acude a argumentos violentos que distan de la realidad. Por ejemplo, es común que aparezca como contra-argumento que una ex-integrante de Ammar está siendo procesada por trata cuando la realidad dista de esa simplificación. La noticia se publicó malintencionadamente en Página 12 durante 2014. En ese momento exigimos derecho a réplica y aclaramos la situación a través de una carta pública.
Claudia Brizuela, quien está esperando el juicio, estaba desvinculada de nuestra Organización desde 2012 y fue procesada porque intentó organizar a las trabajadoras sexuales que ejercían en relación de dependencia en la Provincia de Buenos Aires, entregándoles un carné de afiliación. Eso bastó para que la ley de trata la enjuiciara, pues la modificación que tuvo en el 2012 dejó abierta la posibilidad de incriminar en el delito de trata a todo aquel que “facilite la prostitución”. Está claro, de todas formas, que la última palabra la tienen los jueces no nosotras, ni quienes usan este argumento.
Para finalizar, celebramos que los diputados y las diputadas de Neuquén hayan sido los primeros en abrir un espacio de debate para nuestro proyecto de ley. Lo celebramos porque nuestras propuestas legislativas a nivel provincial siempre habían quedado encajonadas y la que presentamos en el 2013 a nivel nacional perdió estado parlamentario. Celebramos que nuestras voces sean tenidas en cuenta y que los legisladores escuchen en primera persona las problemáticas que enfrentamos día a día desde una perspectiva de derechos. Valoramos enormemente la posibilidad de poder dar a conocer nuestro testimonio basado en más de 20 años de experiencia, y por eso estamos abiertas a despejar cualquier duda que pudiera surgir en relación a este tema.
Esperamos que haya voluntad política para seguir avanzando en una legislación que nos proteja y otorgue derechos a un colectivo de mujeres trabajadoras que hoy se encuentra desprotegido. Una legislación en la que tengan eco las demandas de las verdaderas protagonistas, nosotras las Trabajadoras Sexuales de la provincia de Neuquén.