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La crisis económica que vive el sector y la falta de apoyos estatales ha generado que muchas trabajadoras sexuales, principalmente del colectivo travesti trans, salgan a ofertar servicios sexuales en la vía pública. Esta situación las enfrenta a múltiples hechos de violencia policial por incumplimiento del aislamiento social obligatorio.
Desde Ammar denuncian la agudización de la violencia policial y reclaman por políticas públicas que mejoren las condiciones de vida de las trabajadorxs sexuales durante la crisis sanitaria. El sector se ha visto drásticamente afectado porque no tiene posibilidad de generar ingresos y hoy se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad.
La Organización creó un Fondo Nacional de Emergencia para atender los casos más críticos pero son demasiados los pedidos de ayuda y no puede dar respuesta a todas las trabajadoras sexuales que solicitan apoyo.
En Constitución, por ejemplo, el 90% de trabajadoras sexuales vive en hoteles de familia y más de 200 adeudan entre 40.000 y 60.000 pesos de alquiler desde el inicio de la cuarentena. Al no tener contratos formales, los dueños o administradores, amenazan constantemente con desalojarlas y están en constante riesgo de quedar en situación de calle.
Las trabajadoras sexuales que deciden ofertar servicios para enfrentar la crisis económica, se arriesgan a operativos policiales en los que les labran actas contravencionales, las detienen arbitrariamente, las demoran y no respetan la ley de identidad de género al tratar en masculino a las mujeres trans.
Ammar alerta sobre las problemáticas que enfrentan las trabajadoras sexuales durante la emergencia sanitaria por COVID-19 y pide que los reclamos del sector sean atendidos.