Desde hace años las trabajadoras sexuales comenzamos a plantear las consecuencias de una ley que equipara trabajo sexual con trata de personas y proxenetismo, y lo peligroso de que mediante la misma se haya anulado la idea de consentimiento reflejando la infantilización hacia las voces de quienes ejercemos el trabajo sexual.
Para la justicia, toda persona que organice el trabajo sexual, que figure en el contrato de alquiler, que administre el espacio laboral, que recaude el dinero para los pagos de alquiler e impuestos, que se ocupe de los inconvenientes del espacio, puede ser acusada, aún cuando mediare el consentimiento, por el delito de “facilitación a la prostitución”. Tere no fue la excepción, de nacionalidad paraguaya, ejercía el trabajo sexual junto a otras compañeras en una casa en la capital de Neuquén. En reiteradas oportunidades, denunció persecución y hostigamiento por parte de la policía, a quienes debían pagarles coimas o brindarles servicios sexuales de manera gratuita para poder trabajar tranquilas.
La complejidad que genera la confusión entre trata y trabajo sexual, sumado a la negación de reconocer los derechos básicos de nuestro colectivo son los que terminan orillando a mujeres cis y trans de sectores populares a la picadora de carne del sistema penal, sistema racista, clasista, xenófobo y misógino que con nuestras compañeras tiene vía libre para hacer y deshacer con nuestras vidas. Por eso desde Ammar cuestionamos el sistema judicial, en particular el sistema penal, y así también entendemos que las situaciones son mucho más complejas que una nota de diario o un posteo de facebook, y agradecemos a nuestrxs aliadxs que entienden las complejidades del trabajo sexual, porque eso salva de una condena injusta a mujeres de la clase popular.