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La Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina Ammar no está de acuerdo con la creación de zonas rojas y reclama por la derogación de los Códigos Contravencionales que penalizan con arresto de hasta 30 días la oferta de servicios sexuales en la calle.
En el caso de San Juan, las Trabajadoras Sexuales rechazan la intención del gobierno municipal de trasladarlas a una zona periférica de la ciudad. Denuncian que esta medida las convertiría en un gueto y aumentaría la persecución y el hostigamiento que viven constantemente por parte de efectivos de la policía que respaldan su accionar en los artículos 124, 125 y 127 del Código Contravencional de la provincia.
“A nosotras nunca nos convocaron para debatir en torno a la idea de crear la zona roja. Nos esteramos por rumores y por eso exigimos una reunión con la municipalidad. Nosotras no queremos ser un gueto, queremos que se deroguen los códigos contravencionales que están vigentes desde la dictadura militar y hacen que vayamos presas cuando en el país no es delito ejercer el trabajo sexual”, dijo Mónica Lencina, Secretaria General de Ammar San Juan
El encuentro con Sergio Ovalles abrió un canal de diálogo entre las Trabajadoras Sexuales y el gobierno municipal en aras de evaluar conjuntamente las políticas que involucran y afectan al sector. Durante la reunión, las partes se comprometieron a trabajar articuladamente para solucionar las distintas problemáticas que se presentan en las zonas de trabajo, principalmente la violencia institucional.
“Queremos un Estado garantista que vele porque nuestros derechos no sean vulnerados no un Estado que nos expulse y nos convierta en un gueto. Queremos un Estado que respete nuestra autodeterminación como Trabajadoras Sexuales y nuestra reivindicación del Trabajo Sexual como trabajo”, agregó Mónica.
En Argentina el Trabajo Sexual no es ilegal, sin embargo, en los lugares donde se ejerce es penalizado. En 18 provincias continúan vigentes artículos contravencionales que criminalizan la oferta de servicios sexuales en la vía pública, en distintos municipios están prohibidos los cabarets y las whiskerías y los departamentos privados de Trabajadoras Sexuales Autónomas son allanados por los operadores estatales de las dependencias antitrata.