Versión imprimir
La Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR) filial Entre Ríos realizó la Mesa de Incidencia “Hacia el reconocimiento del Trabajo Sexual” para instalar el debate sobre el acceso a derechos laborales por parte de mujeres, mujeres trans y hombres mayores de 18 años que deciden ejercer voluntaria y autónomamente el Trabajo Sexual, en la sede de la CTA Paraná.
Durante la actividad, las meretrices socializaron el borrador del proyecto de Ley que presentarán en la provincia para regular el Trabajo Sexual Autónomo y de esta forma acceder a derechos laborales y condiciones dignas. Asimismo, presentaron un panorama de las principales problemáticas que enfrentan las Trabajadoras Sexuales a nivel local y nacional.
Frente a este punto, Norma Torres, Secretaria General de Ammar Entre Ríos destacó: “Aunque en el año 2003 desde Ammar logramos la derogación de los artículos contravencionales para que en la provincia no nos lleven presas por ejercer en la vía pública, en la actualidad, por el impacto de las políticas anti-trata que no diferencian entre trata y Trabajo Sexual han cerrado todos los lugares para ejercer en espacios privados y las compañeras están expuestas a una mayor clandestinidad. Y agregó: “Nosotras estamos en contra de la trata y justamente pedimos que se legalice nuestra actividad para que se combata realmente este delito y no corten el hilo por lo más delgado, vulnerando los derechos de nosotras las Trabajadoras Sexuales, quienes nunca fuimos convocadas para debatir la Ordenanza”.
La propuesta de regulación socializada por Ammar consiste en crear un registro único de Trabajadoras Sexuales que dependa del Ministerio de Trabajo para que la entidad pueda controlar el ejercicio de la actividad de forma voluntaria. También propone la habilitación de cooperativas de meretrices para acabar con la explotación y el registro como monotributistas para acceder a obra social, aportes jubilatorios, créditos, vivienda, entre otros derechos que hoy no poseen las meretrices.
“Prohibir y cerrar las fuentes de Trabajo de nuestras compañeras no es revolucionario como lo plantean algunos políticos cuando clausuran departamentos, cabarets y whiskerías, lo realmente revolucionario sería escuchar nuestras voces y dar derechos a las minorías. Afortunadamente, Entre Ríos es una de las pocas provincias que derogó artículos contravencionales por prostitución y las Trabajadoras Sexuales no van presas por ejercer en la vía pública, pero quienes regenteaban lugares hoy les están cobrando la parada en la esquina a las compañeras”, enfatizó Georgina Orellano, Secretaria General de Ammar Nacional y añadió: “Si se regulara nuestra actividad esto no sucedería, estaríamos amparadas por el Estado a través de derechos y garantías y no seríamos perseguidas, criminalizadas y precarizadas. Pedimos presencia estatal desde una perspectiva de derechos y no desde el control de nuestros cuerpos”.
La provincia de Entre Ríos, al igual que Santiago del Estero, Santa Fé y Capital Federal, es una de las provincias que derogó los artículos contravencionales que facultaban a la policía para llevar presas a las trabajadoras Sexuales que ejercían en la calle. El artículo 45 de la ley de Contravenciones 3815 de la provincia databa de 1952 y fue derogado en el 2003, seis años después de creada la filial de Ammar Entre Ríos.
Desde su fundación, Ammar Entre Ríos pertenece a la Central de Trabajadores de Argentina CTA. A Lo largo de 18 años ha logrado fortalecer el movimiento de Trabajadoras Sexuales en la provincia y ha articulado con distintas organizaciones de base, sindicales e instituciones defensoras de Derechos Humanos y centros de salud sensibilizados para brindar una atención amigable a quienes ejercen la labor.
Luis Gálligo, Secretario General de la CTA Entre Ríos expuso: “La CTA siempre ha cobijado a las Trabajadoras Sexuales para que se sientan protegidas. Nuestra preocupación y deseo es el blanqueo de todos los trabajadores, pero frente al ejercicio del Trabajo Sexual hay cuestiones sociales que complican el debate. En distintos espacios he planteado que el cierre de whiskerías y cabarets fue un error porque aumentó la clandestinidad. Es mejor tener conocimiento de los lugares, controlarlos y regular para verdaderamente combatir la explotación y la trata. El Trabajo Sexual debe ser reconocido y la CTA las respalda”.
Por su parte, Guadalupe Pérez, representante de la Diversidad de Ammar Entre Ríos planteó: “Buscamos mejorar las condiciones que ya tenemos, no queremos otro trabajo. Las mujeres y mujeres trans que ejercemos el Trabajo Sexual no pretendemos cambiarle la ideología a nadie, luchamos por nuestros derechos y condiciones dignas. Hemos solicitado distintas audiencias en el poder ejecutivo y legislativo pero no hemos obtenido respuesta”.
En Argentina el Trabajo Sexual no es ilegal, sin embargo, en los lugares donde se ejerce es penalizado. En 19 provincias continúan vigentes artículos contravencionales que llevan presas hasta por 30 días a las Trabajadoras Sexuales que ejercen en la vía pública. En distintos municipios están prohibidos los cabarets y las whiskerías, y los departamentos privados de Trabajadoras Sexuales Autónomas son allanados por los operadores estatales de las dependencias antitrata.
En este contexto, la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR) reclama por la derogación de artículos contravencionales vigentes que penalizan el ejercicio del Trabajo Sexual en la vía pública y por una regulación que garantice los derechos laborales de las personas que ejercen el trabajo sexual. Además, pide una Ley que regule el Trabajo Sexual Autónomo y proteja su ejercicio.
Para generar datos estadísticos y empíricos sobre la violencia hacia Trabajadoras Sexuales por parte de la policía y las agencias que ejecutan las políticas antitrata, Ammar lanzó la línea telefónica gratuita 0810-999-0763 donde Trabajadoras/es Sexuales de todo el país pueden denunciar casos de violencia institucional. Con la información recibida, el Sindicato de Trabajadoras Sexuales busca contribuir a la generación de políticas públicas encaminadas a garantizar condiciones dignas para el ejercicio de la labor.